El 24 de marzo de 2026, las comunidades universitarias de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) quedaron impactadas luego de que la Dra. Zayira Jordán Conde, la presidenta actual de la UPR, solicitó la destitución inmediata de cinco rectores, estos siendo parte de los recintos de Río Piedras (UPRRP), Aguadilla (UPRAg), Bayamón (UPRB), Ponce (UPRP) y Mayagüez (UPRM, RUM). Esto se llevó a cabo de manera abrupta, inesperada y, sobre todo, sin una razón o justificación clara, lo que constituye una violación de los procesos democráticos establecidos con el propósito de garantizar la integridad de nuestra institución.
La comunidad universitaria del RUM, confundida e indignada por este innegable abuso de poder, convocó una asamblea estudiantil extraordinaria el miércoles, 25 de marzo, en la cual se le exigió a la Dra. Zayira Jordán Conde transparencia y la divulgación de las razones y los procesos que llevaron a su decisión; como consecuencia, se decretó un paro de 72 horas. Sin embargo, a pesar de la oposición explícita y reiterada de los estudiantes, la presidenta impuso al Dr. Miguel Muñoz Muñoz como rector interino del RUM, lo cual se oficializó el 31 de marzo. Luego, se convocó otra asamblea estudiantil extraordinaria el 7 de abril, en la que se decretó un nuevo paro de 72 horas, que comenzó el día siguiente a las 4:00 AM, exigiendo la renuncia del Dr. Miguel Muñoz Muñoz y de la Dra. Zayira Jordán Conde.
Al culminar este paro, la cuarta—y una de las más importantes—asamblea estudiantil extraordinaria se llevó a cabo el 13 de abril. En esta asamblea, se decretó una manifestación indefinida, la cual ha continuado hasta el día de hoy. La manifestación presenta los siguientes reclamos:
- La renuncia de la presidenta Zayira Jordán Conde no más tardar del 1 de mayo.
- La renuncia del rector interino del RUM, Miguel Muñoz Muñoz, no más tardar del 1 de mayo y la designación inmediata de un nuevo rector o rectora mediante los debidos procesos.
- La restauración de la fórmula 9.6%.
- Fecha para una Asamblea Nacional entre los 11 recintos.
- Protección legal para los estudiantes en pie de lucha.
Asimismo, el pasado sábado, 25 de abril se llevó a cabo una manifestación multisectorial en la que participaron no solo los once recintos de la UPR, sino también miembros fuera de la comunidad universitaria. Entonces, se convocó la quinta asamblea estudiantil del semestre el 27 de abril, la cual, debido a la falta de quórum, tuvo carácter puramente informativo. En esta se discutieron los detalles de la reunión con la Dra. Zayira Jordán Conde, el estatus de la UPR y del Recinto de Mayagüez, un informe sobre el Comité de Diálogo—establecido el 20 de abril—y posibles ajustes al calendario académico.
Actualmente, además de Mayagüez, los recintos de Ponce, Arecibo y Río Piedras se encuentran con los portones obstruidos debido a manifestaciones estudiantiles. Además, debido a que la Dra. Zayira Jordán Conde no renunció antes de la fecha límite, el recinto de Ciencias Médicas se unió el 1 de mayo con un paro de 48 horas, el cual fue extendido el 7 de mayo por 48 horas adicionales. Los recintos de Bayamón, Carolina, Arecibo, Utuado, Aguadilla, Cayey y Humacao se unieron el 4 de mayo con diferentes paros. Los 11 recintos están en manifestación simultáneamente, suceso que no acontece desde la huelga de 2010.
Es importante destacar que, aunque nos haya tomado a todos por sorpresa, esta lucha se ha estado gestando desde hace mucho tiempo. Los sucesos del 24 de marzo fueron solo un catalizador y no la única causa de la cadena de eventos mencionados previamente. Nuestro recinto, al igual que los demás, ha sufrido mucha negligencia y abuso por parte de quienes son responsables de cuidarlo y fomentarlo como un espacio adecuado para la educación. Como estudiantes del recinto, y por ende quienes más sufren las consecuencias de su mal manejo, es sumamente importante mantenernos informados sobre lo que está ocurriendo. Por lo tanto, a través de este artículo se fomenta informar al estudiantado y crear conciencia sobre los problemas por los cuales los estudiantes están en pie de lucha.
Zayira Jordán Conde
La principal responsable de la lucha de la UPR es la Dra. Zayira Jordán Conde, que, pese a haber iniciado en julio de 2025, es descrita como una persona que impone poder en contra de la autonomía universitaria.
Trayectoria académica y profesional:
Tras la mente de Zayira Jordán se encuentra una base intelectual forjada por Iowa State University, donde completó su etapa académica. Allí cursó un bachillerato en Periodismo, seguido de una maestría en Antropología y culminado con un doctorado en Interacción Persona-Computadora. Toda esta preparación le permitió trabajar la tecnología no solo desde el punto técnico, sino también desde su uso como herramienta de manejo social. De hecho, en el 2003, la seleccionaron para la Beca de Política Pública del “Congressional Hispanic Caucus Institute”, la cual le permitió trabajar en el Congreso de los Estados Unidos. Luego, en agosto de 2023, fue la presidenta de Atlantic University, una institución privada donde promovió modelos de educación a distancia y transformación digital. ¿Estas intenciones no suenan muy familiares? Los modelos tecnológicos aplicados en Atlantic University son los mismos que desea implementar en la UPR. Toda su preparación previa a ser presidenta de la UPR fue enfocada a perseguir sus intereses por la gestión de alto nivel con la implementación de tecnología y política pública.
Afiliación política:
Los comienzos de la Dra. Jordán en la vida pública de Puerto Rico surgen al postularse para Comisaria Residente por parte del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en las elecciones de 2020. Como parte de su campaña, ella se presentó como la opción de consolidación para estadistas, independentistas y soberanistas que estaban cansados de las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), logrando así un 13% de los votos. Al no ganar las elecciones, revela su preferencia a la estadidad al afiliarse con el PNP en junio de 2021. Inclusive, en 2024, Zayira fue nombrada miembro del Comité de Transición de la gobernadora Jenniffer González. Al cambiar de partidos, sus seguidores iniciales quedaron impactados al irse con el partido del cual ella prometía hacer la diferencia.
Gran parte de la comunidad universitaria ve su nombramiento como presidenta de la UPR un acto de “intromisión política” debido a que la misma pudo ser apoyada desde La Fortaleza; sobre todo con una posible interacción entre el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, y miembros de la Junta de Gobierno de la UPR para presionarlos a votar por la Dra. Zayira Jordán Conde. De esta manera, la Junta ignoró a los candidatos ofrecidos por el Comité Especial de Búsqueda y Consulta, siendo ellos la Dra. Angélica Varela, exrectora de UPRRP, y el Dr. Agustín Rullan, exrector de UPRM. Por lo tanto, la narrativa de imposición viene apoyada por las conexiones que la presidenta posee con la gobernadora, catalogando su nombramiento “antidemocrático.”
Catalizadores para el descontento por parte del estudiantado del RUM
Por parte de los once recintos, se percibe que la visión de una “transformación digital” para la UPR no ha sido recibida con agrado, ya que estas medidas se consideran una máscara para una privatización encubierta. Parte de estas medidas son: la educación a distancia, la admisión automática, la plataforma UPR Digital y la gestión de fondos. No obstante, el Recinto Universitario de Mayagüez presenta un descontento enfocado hacia la destitución del exrector, la imposición del rector interino e impacto financiero. La decisión inesperada, y a mitad de semestre académico, de destituir al Dr. Agustín Rullan causó desagrado en la comunidad universitaria debido a que la misma fue justificada con mencionar que el rector no caía con la “visión” de la presidenta para el recinto. De hecho, esta destitución fue una semana antes de semana santa, osea antes de unas “vacaciones”. Aun así, el verdadero rencor del estudiantado nace de la imposición del Dr. Miguel Muñoz Muñoz como rector interino—figura controversial debido a su tiempo como rector del RUM durante los años 2010 a 2011, un periodo caracterizado por inestabilidad económica e intervención policiaca. Como consecuencia de la destitución del Dr. Rullan, la Fundación Ceiba, organización sin fines de lucro que apoya monetariamente a estudiantes del RUM, anunció la suspensión de la entrega de becas para estudiantes de nuevo ingreso a causa de la inestabilidad sistémica provocada por la presidenta. Como resultado, la comunidad universitaria del Recinto de Mayagüez decidió realizar una manifestación indefinida para dar a escuchar sus reclamos, ya que los catalogan causa suficiente de lucha por un mejor futuro.
Miguel Muñoz Muñoz
Como se había mencionado anteriormente, Miguel Muñoz Muñoz es el rector interino actual del recinto de Mayagüez, impuesto forzosamente por la Dra. Zayira Jordán Conde, a pesar de la fuerte oposición de la comunidad estudiantil. Esta oposición se debe a su historial en nuestro recinto, ya que no es la primera vez que ocupa una posición de poder, posiciones de las cuales no fue digno de ostentar.
Historial:
Entre los primeros puestos de poder que ocupó el Dr. Muñoz, estuvo su Secretaría de Agricultura desde 1993 hasta 1997. En ese periodo se detectaron 370 casos de corrupción de agricultores que cobraron subsidios de manera ilegal; sin embargo, solo se les dio seguimiento a 10 de ellos. Eso es más de $38 mil en fondos públicos pagados indebidamente. Miguel Muñoz estaba encargado de supervisar su departamento y asegurar el uso correcto de los fondos, pero falló; y como resultado, se malversaron miles de dólares de dinero público.
En 2010, ocupó el cargo de rector interino del RUM hasta 2011, cuando asumió la presidencia de la UPR. Durante ese periodo, se llevó a cabo una huelga histórica en 10 de los 11 recintos, lo cual parece reflejar lo que está sucediendo en el presente. En ella, el Dr. Muñoz fue vocal y dejó claro que no dudaría en recurrir a la intervención de la policía, a pesar de que eran manifestaciones pacíficas. Esto resultó en varios casos de abuso policial y demostró que está dispuesto a poner en peligro la seguridad de los estudiantes si se oponen a él. Incluso, llegó a expulsar a ciertos estudiantes que participaron en dicha huelga. Miguel Muñoz utilizó amenazas de intervención policial y expulsión para mantener un control rígido sobre los estudiantes. Tan reciente como el 5 de mayo, el Dr. Miguel Muñoz presentó un cese y desiste al Consejo de Estudiantes del RUM, al grupo manifestante Colectivx Estudiantil y a estudiantes presentes e involucrados en las protestas.. Este acto demuestra que él no busca apoyar a los estudiantes, sino sus méritos propios.
También surgió otro escándalo de malversación de fondos relacionado con el proyecto CRECE-21 bajo la administración de Muñoz, esta vez durante su presidencia de la UPR. CRECE-21 fue un proyecto colaborativo entre la UPR y el Departamento de Educación, creado con el propósito de certificar a maestros del sistema público. Sin embargo, en vez de servir para beneficiar a nuestra isla y a los estudiantes del sistema de educación pública, el programa terminó sirviendo como un esquema para llenar bolsillos, con un estimado de $73,000 malversados entre junio de 2011 y noviembre de 2012. Los fondos de este programa fueron utilizados para gastos personales—como “spas”, restaurantes de lujo y ropa de marca, entre otros—y tanto CRECE-21 como varios otros programas de educación quedaron afectados económicamente. Tres exrectores de los recintos de Arecibo, Cayey y Utuado fueron encontrados culpables, además de otros seis individuos, sumando a un total de 263 cargos entre todes.
Con todo lo presentado hasta ahora, no es difícil entender por qué su restitución en un puesto de poder resulta preocupante. Muchas veces estas preocupaciones no se toman en serio, ya que es rara la vez que se consideran válidas cuando son los estudiantes quienes hacen estas denuncias. Sin embargo, es importante señalar que no son solos los estudiantes quienes no confían; profesores y departamentos enteros han denunciado y rechazado su persecución contra los estudiantes en pie de lucha, e incluso se han solidarizado con el estudiantado. Además, en abril del 2012, la “National Science Foundation” (NSF) congeló fondos para la UPR debido a preocupaciones sobre su mala administración, mostrando un patrón de desconfianza por parte de la comunidad universitaria al igual que de entidades externas.
Fórmula 9.6%
Para comprender la situación actual que enfrentan las asignaciones presupuestarias de la Universidad de Puerto Rico, así como los reclamos para la restauración de la fórmula 9.6%, es necesario conocer su contexto.
Ley Núm. 2 del 1966
En 1966, ante una proyección del incremento de la población de edad universitaria, se estableció que era vital garantizar facilidades que contaran con la capacidad necesaria para recibir una creciente matrícula estudiantil. De esta manera, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley Núm. 2 del 20 de enero de 1966 estableciendo que la Universidad de Puerto Rico recibiría el equivalente al 9.60% del promedio del monto total de las rentas anuales ingresadas durante los dos años previos al Fondo General del Tesoro Estatal (fondo en el que ingresan los mayores recaudos del Departamento de Hacienda—es decir, contribuciones, arbitrios e impuestos).
Asimismo, el 0.27% se estaría dirigiendo al financiamiento de la Estación Experimental Agrícola y del Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. Esta fórmula otorgaba una relación proporcional entre el monto total del Fondo General y la asignación a la UPR, creando así una estabilidad en los fondos otorgados a la Universidad ante un posible crecimiento o decrecimiento del Fondo General.
Entonces, si es una ley, ¿qué ocurrió con ella?
Ley Núm. 66 del 2014
La Ley Núm. 2 del 1966 no ha sido eliminada propiamente, pero sí se ha visto debilitada de manera progresiva a través de la crisis económica que ha enfrentado la isla. Eso se puede ver en la aprobación de la Ley Núm. 66 del 17 de junio de 2014 titulada: Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En esencia, propuso ser un “plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica, como también la degradación del crédito de Puerto Rico”. Esta ley establecía que los gastos de funcionamiento de la Universidad se mantendrían en $834 millones o el equivalente al 8.7% del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014-2015, estableciendo que “aunque a la Universidad de Puerto Rico le hubiese correspondido un aumento en su presupuesto de $70 millones, se congela esta cantidad debido a la situación fiscal del país”. Esta ley no tuvo un impacto únicamente en el presupuesto universitario, sino que los municipios también tuvieron que enfrentar recortes a su asignación presupuestaria.
Junta de Supervisión Fiscal
El debilitamiento de la fórmula 9.6% se consolidó en 2016 ante la aprobación de la Ley PROMESA y la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). A partir de entonces, el proceso de otorgación de fondos quedó sujeto a un control más estricto, bajo la aplicación de medidas de austeridad. La Junta de Supervisión Fiscal estableció argumentos para justificar los recortes presupuestarios a la UPR. En los cuales se planteó que: 1) el aporte de los gobiernos estatales de Estados Unidos al presupuesto de sus universidades era menor en comparación con el de Puerto Rico; 2) la disminución del estudiantado se debía a migración y las bajas tasas de natalidad; y 3) la JSF buscaba disminuir la carga financiera al estado y que la UPR tuviera una administración fiscal sólida. Estos cambios paulatinos en el marco establecido para la otorgación de fondos tuvieron un efecto en la economía de la universidad.
Situación Presupuestaria de la UPR
Como resultado de los cambios en el modelo de financiamiento de la Universidad de Puerto Rico, su situación presupuestaria ha experimentado una transformación visible en la última década. Entre el 2017 y 2022, la asignación proveniente del Fondo General se redujo de aproximadamente $905M a cerca de $501M, o como bien lo establece el Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico 2022-2023, la UPR ha tenido recortes ascendentes a $352,123 millones (42.22%) en la asignación del Gobierno de Puerto Rico conforme al dinero correspondiente a la fórmula 9.6%. No obstante, esta reducción no ha sido un evento aislado de las discusiones actuales. En el 2025, el gobierno le dio $65.5 millones menos a la UPR en comparación con el 2024, disminuyendo de $642.5 millones a $577.1 millones, demostrando un modelo presupuestario menos predecible que el anterior.
Recientemente, la JSF le requirió a la universidad la revisión de su plan fiscal del 2021. La institución, a diferencia de varias agencias gubernamentales, no había revisado su plan fiscal desde hace cinco años. Los planes fiscales, por lo regular, establecen medidas de ajuste o metas para la liberación de fondos contingentes, eliminación de déficits presupuestarios y el otorgamiento adecuado de las pensiones.
Como consecuencia de las medidas de austeridad, la situación presupuestaria de la UPR vio un declive. Así está expuesto en el Plan Fiscal revisado de la Universidad de Puerto Rico para 2021, donde plantea la necesidad de operar bajo un escenario de menor financiamiento público. A raíz de la reducción de las asignaciones gubernamentales, se implementaron medidas como la reducción de gastos operacionales, el aumento en fuentes de ingreso (incluyendo el costo de crédito subgraduado y graduado) y modificaciones en la estructura administrativa de la institución. Estas medidas también han implicado ajustes en la plantilla laboral y en los costos asociados a la operación universitaria. El panorama fiscal continúa mostrando variabilidad, presencia de déficits y presiones operacionales. Esto evidencia un cambio estructural en la manera en que se financia la universidad, alejándose de un modelo establecido por ley a uno condicionado a decisiones fiscales y presupuestarias.
¿Visión de qué?
En definitiva, ante toda la información presentada, la Universidad de Puerto Rico está siendo usada como “botín de guerra” para la administración en el poder. Desde que la Junta Universitaria retiró su confianza el 4 de febrero de 2026, el conflicto se muestra como un quiebre sistémico y no de ciertos sectores estudiantiles. Esta institución universitaria es reconocida históricamente como el motor para la movilidad social y el desarrollo intelectual. En efecto, la visión de la Dra. Zayira Jordán Conde no va de la mano con la visión y misión principal de la UPR. Mientras la presidenta promueve la gerencia vertical, la “excelencia exclusiva” y el enfoque en la innovación y digitalización, la UPR tiene fin común en la autonomía universitaria, la educación como derecho social y la formación ciudadana. Al la presidenta estar desatada de la visión de la institución, ¿cuál es la visión por la que debemos continuar?
Crisis en la Universidad de Puerto Rico
Para culminar, durante los primeros paros de 72 horas de la UPRM y la UPRRP, la Dra. Zayira Jordán Conde mencionó en una entrevista que la UPR no está en crisis. Sin embargo, hay problemas presupuestarios, falta de mantenimiento en infraestructuras, intento de paralizar 64 programas académicos, estancamiento salarial y fuga de personal docente. ¿Dónde se estará enfocando la presidenta de la UPR para mencionar que no hay crisis? Para restaurar y solucionar la crisis de la UPR, se debe comenzar por seleccionar a líderes que lleven a la universidad a alcanzar el prestigio siguiendo su misión desde su creación. La universidad no está para ventas ni en negociaciones, sino para seguir siendo una institución pública accesible y de excelencia. Recuerden, once recintos y una UPR.
¡Seguimos en pie de lucha!