Quiero empezar señalando que cada vez se están vulnerando los derechos de los estudiantes y de la ciudadanía. La comunidad estudiantil busca construir un futuro estable, no solo para beneficio individual, sino para el desarrollo del país. Si nosotros no tomamos la iniciativa, entonces ¿quién lo hará?
Las huelgas no son un capricho. Son más una herramienta histórica de presión para defender al estudiantado y proteger lo que le pertenece. Aunque este proceso implique pausas en lo académico, lo que está en riesgo es de mayor trascendencia.
La Universidad de Puerto Rico no es solo una institución, sino que es el principal motor para el desarrollo social, económico y cultural de la isla. Es nuestro futuro porque forma a los profesionales, líderes y pensadores críticos que enfrentarán los desafíos de mañana. Si permitimos que el sistema se privatice o se haga inaccesible, estamos sacrificando la capacidad de las próximas generaciones para contribuir significativamente al país. Defender la universidad pública es defender la oportunidad, la equidad y la esperanza de un Puerto Rico más fuerte.
También es necesario reconocer los sacrificios de quienes luchan por la universidad: estudiantes que pasan días frente a los portones, firmes, reclamando sus derechos y exigiendo rendición de cuentas a quienes ocupan posiciones de poder.
Asimismo, debe considerarse el impacto en los futuros estudiantes, en los egresados, en el personal docente y no docente y en toda la comunidad que depende de este sistema educativo.
Actualmente la comunidad universitaria enfrenta aumentos en el costo de créditos, la eliminación de programas y la posibilidad de una eventual privatización de las pocas instituciones accesibles al público.
Las protestas, los paros y las huelgas no responden a un deseo de evitar responsabilidades académicas, sino a la necesidad de ser escuchados. En muchos casos, constituyen el único mecanismo efectivo para llamar la atención de quienes toman decisiones.
Un país sin accesibilidad a la educación universitaria es un país que está destinado a retroceder. Limitar ese acceso solo debilita la capacidad colectiva de generar cambios y construir un mejor futuro.